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domingo, 22 de marzo de 2015

Transparencia y Gobierno Abierto entre opacas bambalinas

Estamos viviendo lo que algunos han acordado denominar boom ciudadano con un creciente interés por las técnicas de gobierno abierto y participación ciudadana. La prensa alternativa se abre paso con el llamado periodismo ciudadano y parece que las movilizaciones a favor de una democracia real y representativa toman fuerza.

Este fenómeno no se queda solo a pie de calle sino que ahora son muchos los ayuntamientos y las delegaciones gubernamentales que se apuntan a la sensación del momento. El Gobierno, a su vez, abre el opaco, porque no puede adjetivarse de otra forma, Portal de la Transparencia y a todos se les llena la boca con la tríada que no debe faltar en este año electoral: Gobierno Abierto, Transparencia y Participación Ciudadana.

Podríamos pensar que una ráfaga de aire con algo de espíritu democrático ha entrado por las ventanas de las instituciones pero quizá sería un pensamiento demasiado aventurado y optimista.

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En este boom de cifras y datos a gran velocidad parece que todos sabemos un poco de todo, que estamos enterados de lo que ocurre y que la estafa ya no es posible porque tenemos los mecanismos suficientes para ponerle barreras y paliarla. Sin mucho esfuerzo encendemos la televisión y tenemos información relativa a la actualidad política y económica, una información que no para de crecer. Los casos de corrupción y sus correspondientes cifras se suceden en los medios pero, a diferencia de lo que ocurría hace unos años, hoy podemos informarnos. Al menos eso creemos, o eso queremos creer; como prefieran.

Hay millones para dar y regalar. Los 120 millones de euros del Caso Gürtel, que tan pronto asciende a 168 millones como disminuye de nuevo a 120, y la dichosa contabilidad B con la que Ana Mato hacía unas fiestas bastante divertidas; la misma que no sabía nada del Jaguar que recibió como regalo su marido, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, por valor de 8 millones de pesetas. Luis Bárcenas,
mientras, metido en el meollo del asunto pero a la vez fuera de él. Resulta que, según dicen desde el Partido Popular, el antiguo tesorero y senador del Partido Popular no tenía nada que ver con el Partido Popular... vamos, un jaleo. Mientras tanto Carlos Fabra, el que tanta suerte tiene -o tenía- con la lotería, aseguraba que él frenó la Gürtel en Castellón, poco tiempo después de que su hija espetara, al parecer, aquella magnífica frase a los parados tras el anuncio de los recortes: que se jodan. Los millones que se balancean en torno al caso ERE de Andalucía, que tan pronto son 136 millones como 152 millones, cifra que en algún medio de comunicación asciende a 900 millones.

Mientras tanto, en el caso Nóos, con Urdangarín en el centro de la diana, se estafan más de 16 millones de euros. El 24 de diciembre de 2011, la persona con carácter inviolable recuerda que “la justicia es igual para todos”; el Rey, como siempre, tan campechano e irónico. Que la justicia no es igual para todos lo sabe él y lo saben los muchos que, introducidos en Bankia, han cometido barbaridades de la talla de las Tarjetas Black, la firma de preferentes y la fraudulenta salida a bolsa de la entidad; total, millones y millones de euros, qué más da si son 23.000 millones de suma total, o 15 millones de forma desglosada como algunos pretenden mostrar.

¿Qué importa la cifra? Somos inmunes a los millones. Nos cansa oír hablar de los casos y casos de
corrupción que salpican España. El Caso Malaya y sus iniciales 670 millones de euros que acabarán
siendo 245,1 millones; el Caso Palau que parece cifrado en más de 19 millones, llegando a los 35,1
millones, dependiendo del medio del que se obtenga la información; todo ello sumado a los 22 millones del 'caso Cooperación' en Valencia. Tenemos casos de corrupción para todo, casos que por su nombre pueden deducirse, como el Caso Nueva Rumasa, y algunos otros que tenemos que esforzarnos más para averiguar de qué tratan, véase caso Pokemon. Hay casos con color de partido y casos que no entienden de color, en los que parece que el dinero está lavado, pero no desteñido, porque aquí se mezclan los colores sin importar consecuencias, como el Caso Púnica y sus 250 millones de euros.

Un estudio de la Universidad de Las Palmas ponía cifra, hace dos años, al coste social de la corrupción: 40.000 millones de euros anuales. Por aquel entonces, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional situaba a España en los 65 puntos (donde 100 es percepción de ausencia de corrupción y 0 es percepción de alta corrupción). A nuestro nivel, con 64 puntos, se localizaba ni más ni menos que Botsuana, aquel fatídico lugar de cacería del rey Juan Carlos, que inició el “annus horribilis” de la Casa Real española. Un 2012 que, además de continuar con la ya conocida trama de corrupción de Urdangarín, incluía el golpeo en el hombro del rey a su chófer, el disparo en el pie de Froilán y la dudosa cordialidad de las relaciones dentro de la Familia Real. Y es que en el boom informativo hay de todo, no solo cifras de corrupción. Hay un Pequeño Nicolás, una Ley Mordaza. Hay también aplausos; aplausos al juez Castro por imputar a la infanta Cristina pero hay, además, aplausos para Sonia Castedo, imputada mientras ocupaba la alcaldía de Alicante.

Las cifras se nos quedan grandes, los millones de euros estafados se vuelven transparentes y nos muestran una realidad insostenible. Recordar cuál es la cantidad exacta en el caso de corrupción de los ERE, Gürtel y demás casos de corrupción es difícil, por la magnitud de estas cifras. No somos conscientes de cuánto es cada millón, quizá el ciudadano de a pie es demasiado humilde como para comprender que le deben tal cantidad de dinero por estafa. Son los hechos los que provocan mayor indignación en la opinión pública, las palabras y las imágenes, y las cifras pequeñas, las que más duelen, ya que son las que más recuerdan nuestro día a día: la hipoteca, las facturas, el sueldo... Recordamos aquel “¡que se jodan!”, el “lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir”, los brotes verdes de la economía y también sabemos que Pequeño Nicolás se abre una cuenta en Twitter.

¿Y quién sabe mejor que nadie lo que más les duele a los ciudadanos? Las instituciones, la
Administración Pública, el Gobierno y la prensa tradicional. Parece que últimamente es más fácil irse a Grecia y a Venezuela que quedarse en España y mostrar las cifras y la actualidad. El Gobierno lo sabe, si los números son pequeños duelen más. Y hablar de miles, en vez de millones funciona a la perfección. Una cantidad no muy grande de dinero y Grecia hacen una combinación perfecta, tal y como muestra parte de la prensa que nos ha hecho creer que este país debe a cada español unos 500 euros. Y es entonces cuando el ministro Margallo vuelve a jugar con las cifras en millones, para tratar de ocultar el engaño. Según él, España había aportado a Grecia 32.700 millones de euros cuando realmente son 26.000 (19.000 en avales y 7.000 en transferencias reales). Además, si jugamos con las
pensiones o el desempleo duele aún más. Con la cantidad "pagada", según el ministro, se podían aumentar las pensiones un 38% y las prestaciones por desempleo un 50%. De nuevo falso: para aumentar las pensiones un 38% (sobre la consignación actual: 131.658 millones) se necesitarían 50.030 millones. Y para incrementar las prestaciones por desempleo un 50% (sobre 25.300) se necesitarían 12.650 millones. En total 62.680 millones de euros (casi el doble de la aportación a Grecia según el ministro). Una cifra que sí se lograría con la devolución del dinero estafado en los casos de corrupción.

La prensa también lo tiene claro. Las cifras en miles de euros es la llave que abre la puerta a la
indignación de la ciudadanía. En este caso la combinación perfecta son miles de euros y Venezuela.
“Monedero ingresó los 425.000 euros de Venezuela en su cuenta personal”. No es necesario analizar la frase y buscar dónde está el delito, si lo hay; simplemente con dar una cifra en miles de euros se logra el objetivo: asustar.
Los millones se nos quedan grandes y los imputados son muchos. Perdón, investigados. De eufemismos sí estamos sobrados, y de investigados también. El Gobierno se ha tomado en serio lo de la transparencia y limpieza institucional y ha eliminado el término imputado. Ahora ya estamos limpios de imputados.

El Gobierno Abierto, la Transparencia y la Participación Ciudadana a la que se apuntan las instituciones son más un gobierno cerrado, opaco y falto de participación ciudadana. El Portal de la Transparencia no sirve de nada si solo nos permiten acceder al portal, decorado y limpio, y no nos dejan entrar en cada una de las puertas a las que se accede mediante este portal. Las instituciones gubernamentales se encierran en su carácter lampedusiano, ellas son los primeras que saben que todo debe cambiar para que todo permanezca igual y lo están aplicando a la perfección.

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